Ser investigador de Historia en España no es tarea fácil y yo diría que hasta raya -en muchas ocasiones- en el heroísmo. Esto se debe, principalmente, a las enormes trabas que existen, no tanto para el acceso a las fuentes documentales, sino para que el investigador pueda darlas a conocer en los trabajos de su autoría. España se encuentra a la cabeza de los países que facilitan el acceso a las fuentes existentes en archivos o en otros centros de documentación, tanto sea de forma presencial como aquellas a las que puede accederse por Internet existiendo, además, importantes recursos a su alcance para tener conocimiento de la localización de dichas fuentes, que se recogen en elaboradísimas bases de datos y catálogos. El problema se presenta, especialmente, a la hora de la divulgación de dichas fuentes, como resultado de estas investigaciones.
Una vez que el historiador ha concluido su investigación, de nada serviría haber realizado todo su trabajo si este no fuera dado a conocer a la sociedad. En la mayoría de los casos, las editoriales no pagan derechos de autor a quienes publiquen sus trabajos de Historia, bien sea la publicación en forma de libros o artículos de revista. Tras un considerable esfuerzo por concluir un trabajo de Historia, tras haberse documentado en las fuentes que ha debido consultar en diferentes archivos o bibliotecas, el historiador no siempre puede darlas a conocer en su formato físico, lamentablemente, debido a motivos económicos.
Los precios impuestos por la Administración española o por entidades privadas para divulgar imágenes pertenecientes a sus fondos son, en mi opinión y en la mayor parte de los casos, desproporcionados e injustos. El historiador debe presentar su trabajo a la editorial que lo va a publicar, habiendo ya solicitado permiso previo para la reproducción de imágenes a los archivos, bibliotecas u otros centros de documentación y habiendo pagado los derechos que son exigidos por este concepto.
La editorial -salvo en muy contadas excepciones- no se hará cargo del coste económico que supone obtener esta autorización para la divulgación de la imagen de un documento en un trabajo que será publicado, por lo que no existe más opción para el autor que cargar él mismo con este gasto que, según las tarifas existentes, suele ser bastante alto o, en otro caso, no realizar ningún uso de la imagen del documento. Todo ello supone importantes trabas para la divulgación del conocimiento.
Quienes investigamos no solamente en España, sino en otros países cercanos como puede ser Francia, es inevitable que realicemos comparaciones en cuanto a las enormes facilidades que se proporcionan en estos países a los investigadores que, siendo altamente reconocidos por su labor de estudio de la Historia de estos países, reciben todo tipo de ayudas para la investigación y la divulgación de los fondos históricos.
Por todo ello es necesario detenerse a considerar la importancia que tiene la medida adoptada el pasado mes de abril por el Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España, que entra en vigor hoy 1 de noviembre de 2020, según la cual se suprime el pago por el uso comercial de las imágenes digitales que se encuentran en dominio público que pertenecen a los fondos de esta institución. Desde hoy, cualquier interesado podrá tener acceso y divulgar las imágenes que se encuentran en dominio público procedentes de la Hemeroteca Digital y la Biblioteca Digital Hispánica, localizadas en manuscritos, incunables, libros antiguos, partituras, mapas, periódicos y revistas antiguas con el fin de utilizarlas para cualquier uso, incluido el comercial.
La Biblioteca Nacional de España se une, con esta medida, a las directrices europeas que buscan proporcionar facilidades para que se logre la divulgación del conocimiento. En palabras de su directora -Ana Santos Aramburo- la intención de esta institución es favorecer la reutilización de imágenes y la puesta al servicio de la sociedad en las especiales circunstancias impuestas por la pandemia de coronavirus, así como favorecer a la industria cultural y editorial que se encuentran con recursos limitados, poniendo a su disposición los fondos existentes en la Biblioteca Nacional de España y que sirva de ayuda para la expansión del conocimiento.
Debemos agradecer y elogiar estas iniciativas, así como desear que muchas otras instituciones, tanto públicas como privadas, se sumen a las mismas. Dichas medidas serán beneficiosas, tanto para las instituciones culturales -que verán difundidas sus riquezas documentales-, como para los investigadores -que no encontrarán este tipo de trabas económicas para el desarrollo de su trabajo-, como igualmente para el resto de la sociedad -que podrá participar del conocimiento generado por dichos investigadores-.
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